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WASHINGTON/ESTRASBURGO – El presidente estadounidense Donald Trump endurece el tono hacia Europa. Si el acercamiento previsto entre Canadá y la Unión Europea estuviera, a su juicio, dirigido contra Estados Unidos, amenaza a la UE con «aranceles muy elevados» y restricciones comerciales. El detonante es una iniciativa inesperada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para convertir a Canadá en el primer «miembro asociado» de la Unión Europea. El conflicto muestra hasta qué punto han cambiado las relaciones entre Washington, Ottawa y Bruselas, y llega en un momento en que la magnitud de la política arancelaria de Trump también se debate dentro de Estados Unidos.
Trump reaccionó con dureza el miércoles por la noche a la iniciativa procedente de Bruselas. Preguntado por los periodistas sobre una posible adhesión asociada de Canadá, calificó la idea de «ridícula». Si viera en ella un paso hostil, Washington reaccionaría.
«If they do that, if I think it’s at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things», declaró Trump. Y añadió: «If it’s a good intention, that’s fine. If it’s a bad intention, we’ll put very heavy tariffs on Europe.»
El presidente plantea así de forma explícita nuevas barreras comerciales, pese a que aún no está claro qué forma jurídica adoptaría tal asociación entre Canadá y la UE, ni qué derechos económicos concretos llevaría aparejados. Lo más llamativo es sobre todo la dimensión política de la amenaza. No va dirigida contra un adversario geopolítico de Estados Unidos, sino que afecta a dos de sus socios tradicionalmente más estrechos: Canadá y Europa.
Von der Leyen abre la puerta a Canadá
El punto de partida de la controversia fue el discurso sobre el estado de la Unión Europea pronunciado el miércoles por von der Leyen en Estrasburgo. El primer ministro canadiense, Mark Carney, se encontraba en el Parlamento Europeo durante la intervención.
«I would like to work with you on opening the door for Canada to be the first associate member of the EU», dijo von der Leyen. El anuncio fue recibido con una ovación de pie por numerosos eurodiputados.
La presidenta de la Comisión trató al mismo tiempo de contrarrestar la impresión de que la iniciativa iba dirigida contra Washington. «This is not a partnership against anyone else, but for our common strength», afirmó. Von der Leyen apuntó a posibles intereses comunes en tecnología, inteligencia artificial, defensa, materias primas críticas, energía, cadenas de suministro y el Ártico. Formuló con especial claridad el fundamento político de la cooperación pretendida: «Above all, dear Mark, Europe and Canada believe in democracy.»
La iniciativa se inscribe en una estrategia europea más amplia. Von der Leyen situó su discurso bajo el signo de una mayor autonomía europea. «In this world, Europe has chosen to forge its own path», señaló. Ante un orden internacional transformado, Europa debe decidir en mayor medida por sí misma sobre su futuro económico y de seguridad.
Qué significaría en la práctica una «adhesión asociada» de Canadá sigue, no obstante, abierto. Ese estatus no existe en la actual estructura institucional de la UE. Tampoco una adhesión ordinaria de Canadá está prevista en los tratados europeos vigentes, ya que el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea abre la adhesión a los Estados europeos. La propuesta es, por tanto, ante todo una señal política. Muestra hasta dónde están dispuestos a llegar Bruselas y Ottawa a la hora de considerar nuevas formas de cooperación.
La relación de Canadá con Washington ha cambiado
El acercamiento a Europa difícilmente puede separarse de la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá durante el segundo mandato de Trump. Trump había sugerido en repetidas ocasiones que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Lo que en Washington se entendió en parte como una táctica negociadora provocadora desencadenó una considerable reacción política en Canadá. Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense incrementó la presión económica sobre Ottawa.
James Batchik, del Europe Center del Atlantic Council, describió el mayor acercamiento de Canadá a Europa como una «direct consequence of Trump’s actions and rhetoric». El debate sobre Canadá como estado número 51, así como las anteriores amenazas de Trump en relación con Groenlandia, habrían modificado el clima político a ambos lados del Atlántico.
La cooperación canadiense-europea va ya mucho más allá de las cuestiones comerciales clásicas. Ottawa y Bruselas hablan de defensa, materias primas críticas, suministro energético, tecnología y la importancia estratégica del Ártico. Una cumbre UE-Canadá prevista para finales de octubre debería aportar más detalles.
Liana Fix, del Council on Foreign Relations, ve en ello también una señal de las llamadas potencias medias. Estados y agrupaciones de Estados como Canadá y la Unión Europea tratan de ampliar su margen de maniobra frente a los grandes centros de poder geopolítico. No se trata de una ruptura completa con Estados Unidos. Tanto Canadá como la UE siguen estrechamente vinculados a Washington en lo económico y en lo relativo a la seguridad. Pero ambos buscan visiblemente vías para reducir dependencias.
Un modelo que hasta ahora no existe
Precisamente por eso el concepto de «adhesión asociada» resulta políticamente interesante, y jurídicamente todavía impreciso. «Associate membership does not exist», afirma Tinatin Akhvlediani, del Centre for European Policy Studies. Eso significa que Bruselas y Ottawa tendrían que crear un nuevo marco institucional o ampliar considerablemente los instrumentos existentes de las relaciones exteriores europeas.
Serían imaginables facilidades comerciales adicionales, una articulación más estrecha en energía y materias primas críticas, inversiones conjuntas en tecnología e infraestructura de IA, así como una cooperación más profunda en defensa y ciberseguridad. Las cuestiones de movilidad también podrían formar parte de futuras negociaciones.
La base económica es ya considerable. El comercio de bienes y servicios entre Canadá y la UE alcanzó el año pasado los 130.800 millones de euros, según la Comisión Europea. El volumen comercial ha crecido así notablemente en una década. La dependencia económica decisiva de Canadá sigue siendo, sin embargo, la que mantiene con Estados Unidos. Alrededor del 70 por ciento de las exportaciones canadienses se dirigen al mercado estadounidense. Es precisamente esa dependencia la que el primer ministro Carney intenta reducir.
Ottawa busca alternativas económicas
Carney deja claro al mismo tiempo que Canadá no aspira a una adhesión ordinaria a la Unión Europea.
«We’re not looking to become a member of the European Union», declaró el primer ministro. Se trataría más bien de una asociación singular cuya estructura exacta está aún por negociar.
La estrategia que hay detrás es más nítida que su forma institucional: Canadá quiere diversificar sus relaciones comerciales y volverse económicamente menos dependiente de las decisiones políticas de Washington. El conflicto se ha agravado considerablemente en los últimos meses. Tras el fracaso de las negociaciones comerciales, el Gobierno de Trump impuso en agosto aranceles del 50 por ciento a determinados productos canadienses. Canadá respondió con aranceles de represalia.
El miércoles, Washington elevó aún más la presión. Trump firmó un memorando dirigido a excluir mercancías canadienses de parte de la contratación pública federal estadounidense. La Casa Blanca justificó el paso alegando un trato discriminatorio hacia los proveedores estadounidenses por parte de Canadá.
El acercamiento de Ottawa a Europa no se produce, por tanto, en un vacío político. Forma parte de un conflicto comercial que hoy va mucho más allá de mercancías y tarifas concretas. De una disputa de política comercial ha surgido una cuestión cada vez más estratégica: ¿cuán estrechamente quiere Canadá seguir ligado a Estados Unidos a largo plazo?
Los demócratas critican la línea arancelaria de Trump
También en política interna la nueva amenaza de Trump llega en un momento delicado. En el Congreso ya se discute hasta dónde deben llegar las competencias del presidente en el uso de aranceles. No hubo inicialmente una reacción amplia e inmediata de los principales dirigentes demócratas y republicanos específicamente a la amenaza contra la UE formulada horas antes. Las líneas políticas de fondo en la cuestión arancelaria quedaron, sin embargo, ya patentes el miércoles.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, intentó impulsar una norma destinada a poner fin a los aranceles globales de Trump, y en particular a los del 50 por ciento contra Canadá, o a limitar las posibilidades de nuevas medidas comerciales unilaterales. El senador republicano Mike Crapo, de Idaho, bloqueó la iniciativa. Schumer y otros demócratas argumentan que el coste de los aranceles recae al menos en parte sobre importadores, empresas y, en última instancia, consumidores estadounidenses. El grupo demócrata del Senado calificó el miércoles la línea de Trump de «costly and chaotic trade war».
En paralelo, en la Cámara de Representantes se debatía sobre competencias arancelarias adicionales para Trump, aunque allí en relación con un paquete de sanciones contra Rusia e Irán. El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, se opuso a otorgar al presidente facultades aún más amplias.
«Why in the world would this Congress give this president additional authority to visit that kind of economic harm on the American people?», dijo Jeffries durante el debate.
Su declaración no se refería directamente a la posterior amenaza de Trump contra la UE. Pone de manifiesto, sin embargo, la línea de conflicto central: muchos demócratas consideran el uso extensivo de aranceles por parte de la Casa Blanca un riesgo económico y quieren acotar con mayor firmeza el margen de actuación del presidente.
Los republicanos ven los aranceles como palanca política
En el lado republicano, en cambio, existe un fuerte respaldo al uso de los aranceles como instrumento de política exterior y de seguridad. Eso no significa, sin embargo, que el partido respalde de forma unánime a Trump en cada decisión comercial concreta. Esta postura quedó especialmente clara el miércoles durante el debate sobre las sanciones a Rusia. El representante republicano Don Bacon, de Nebraska, defendió la posibilidad de ejercer presión económica sobre los Estados que financian la guerra rusa.
«Choking off the money funding a war of conquest in Europe is exactly what that authority should be used for», afirmó Bacon. El Congreso estaría ejerciendo así su responsabilidad constitucional.
Tampoco la declaración de Bacon se refería a la amenaza concreta contra la Unión Europea. Pero muestra por qué la disputa sobre las competencias arancelarias no discurre por completo según las divisiones partidistas clásicas.
Una parte de los republicanos considera los aranceles un medio legítimo para alcanzar objetivos de política exterior. Otros legisladores de ambos partidos ven la cuestión con más reservas en cuanto se ven afectados socios comerciales cercanos o se temen cargas económicas en el propio país. El debate se desplaza así. Ya no se trata solo de si Washington debe recurrir a los aranceles, sino cada vez más de contra quién, con qué fin y dentro de qué límites legales.
Los riesgos económicos también afectan a Estados Unidos
La disputa comercial con Canadá tiene una dimensión de política interna nada desdeñable para la Casa Blanca. Los aranceles canadienses de represalia pueden golpear sobre todo a los estados orientados a la exportación. Entre ellos figuran Ohio, Pensilvania y Michigan, cuyas empresas están estrechamente integradas en las cadenas de suministro norteamericanas. Numerosos procesos de producción de la industria del automóvil, la maquinaria y el metal cruzan varias veces la frontera entre Estados Unidos y Canadá antes de que se venda un producto terminado.
Para los republicanos esto es relevante también de cara a las elecciones al Congreso. Los efectos económicos de los aranceles son especialmente visibles en los estados industriales. Trump mantiene, pese a ello, la premisa básica de su política comercial: los aranceles deben mover a los gobiernos extranjeros a hacer concesiones, proteger la producción estadounidense y generar ingresos adicionales.
Su amenaza contra Europa sigue en lo esencial esa lógica, pero presenta una diferencia decisiva. Esta vez no se trata de entrada de un tipo arancelario concreto, de un producto determinado ni de un déficit comercial. Trump vincula expresamente la posible sanción económica a su valoración política de una decisión de política exterior entre Canadá y la Unión Europea.
El presidente dejó abierta la cuestión de si una asociación canadiense-europea responde a una «buena» o «mala» intención. Una eventual reacción estadounidense depende así, por el momento, de su interpretación política de la iniciativa.
Bruselas y Ottawa amplían su cooperación
Von der Leyen y Carney, por su parte, presentan sus planes como un intento de aumentar la resiliencia económica y estratégica de ambas partes. La presidenta de la Comisión reclama nuevas asociaciones en un orden internacional cada vez más confrontativo. Europa y Canadá comparten, a su juicio, intereses que van de la inteligencia artificial y la energía al Ártico, pasando por la defensa, las materias primas y las cadenas de suministro.
El Gobierno de Carney saludó la propuesta de una «far stronger, more ambitious alliance in the future». Canadá y Europa deberían reforzar su autonomía estratégica mediante una cooperación más estrecha en capacidades decisivas.
El primer ministro canadiense ya había formulado antes la estrategia subyacente: las potencias medias deben cooperar más estrechamente, porque de lo contrario tendrían una influencia limitada en las decisiones de las grandes potencias.
También la UE lleva tiempo intentando ampliar su capacidad de acción económica y en materia de seguridad. No se trata necesariamente de un distanciamiento de Estados Unidos. Washington sigue siendo para Europa un socio central en seguridad y uno de sus principales socios económicos. Pero la dirección política es perceptible: tanto Bruselas como Ottawa quieren disponer de alternativas cuando Washington ejerce presión económica o política.
De disputa comercial a conflicto estratégico
Por ahora se trata de una amenaza y no de una nueva decisión arancelaria estadounidense contra la Unión Europea. El propio Trump condicionó cualquier reacción: lo decisivo será si valora la iniciativa euro-canadiense como un acto hostil hacia Estados Unidos.
También la «adhesión asociada» de Canadá es hasta ahora más un concepto político que un plan institucional elaborado. Incluso dentro de Europa persiste una necesidad considerable de clarificación. Un diplomático europeo resumió la incertidumbre en una fórmula breve: «Nobody really knows what it means.» Aun así, el anuncio ya ha puesto en marcha una nueva dinámica diplomática.
Canadá busca vías para reducir su enorme dependencia económica de Estados Unidos. La Unión Europea busca socios para ampliar su autonomía estratégica. Washington, por su parte, señala que no considera automáticamente neutral una recomposición de ese tipo.
