Policía y medios de comunicación en Alemania: la cooperación bajo creciente presión

Policía y periodistas se encuentran a diario en manifestaciones, accidentes, actos de violencia y grandes eventos políticos. Ambas partes dependen de un flujo de información que funcione, pero sus tareas siguen siendo fundamentalmente distintas. Casos recientes en varios estados federados muestran lo difícil que puede llegar a ser esta relación cuando la libertad de prensa, la seguridad y los intereses operativos de la policía chocan directamente.

Cuando en Alemania una manifestación se descontrola, comienza un gran operativo policial o se celebra un evento político bajo medidas de seguridad especiales, los periodistas suelen estar presentes de inmediato. Reporteros, fotógrafos y equipos de cámara documentan no solo el suceso en sí, sino también la actuación de las autoridades de seguridad. Con ello cumplen una función de control que está protegida por la libertad de prensa.

Para la policía, esto supone una tarea exigente. Debe prevenir peligros, perseguir delitos y asegurar las zonas de operación. Al mismo tiempo, debe posibilitar el trabajo periodístico y proteger a los profesionales de los medios. Precisamente en las manifestaciones, estas tareas pueden entrar en conflicto en cuestión de minutos.

Una iniciativa de Baviera muestra cuán actual es este tema. El ministerio del Interior publicó el 26 de agosto una nueva guía para periodistas en concentraciones. Bajo el título «Informar libremente. Trabajar con seguridad», el ministerio ofrece indicaciones sobre el comportamiento durante las manifestaciones, la comunicación con las fuerzas de seguridad y el procedimiento a seguir tras sufrir agresiones.

Se trata, en primer lugar, de una iniciativa bávara. Pero el problema de fondo es relevante en todo el país: ¿cómo pueden colaborar policía y medios sin que la cooperación se convierta en dependencia, y cómo puede el Estado proteger a los periodistas cuando estos están observando de forma crítica precisamente la actuación estatal?

Dos tareas, un mismo lugar de actuación

El reparto de funciones es, en principio, claro. Los periodistas deben informar de manera independiente. Las fuerzas policiales deben garantizar la seguridad pública y hacer cumplir el derecho vigente.
La prensa no forma, por tanto, parte de un operativo policial. Los reporteros no trabajan por encargo de las autoridades de seguridad y no tienen por qué asumir su versión de los hechos. A la inversa, la actividad periodística tampoco otorga a los representantes de los medios acceso ilimitado a cualquier zona de operaciones.

La cooperación práctica comienza, por tanto, sobre todo en la comunicación y el reconocimiento mutuo. La Asociación Alemana de Periodistas (DJV) señala, en su información dirigida a profesionales de los medios y a las fuerzas policiales, que los contactos regulares entre medios y policía pueden ayudar a evitar conflictos innecesarios. Según la asociación, las oficinas de prensa e información de la policía deben establecer y mantener el contacto directo con los medios.

Para las fuerzas de seguridad surge, sin embargo, un problema práctico: en Alemania, «periodista» no es una denominación profesional protegida por ley. Un carnet de prensa unificado a nivel federal puede ayudar, por tanto, a acreditar el ejercicio profesional de la actividad periodística.
Lo decisivo, no obstante, es la situación de partida a nivel de derechos fundamentales. El artículo 5 de la Ley Fundamental protege la libertad de prensa y de radiodifusión. Los periodistas deben tener, por tanto, la posibilidad de observar de forma crítica la actuación estatal, precisamente allí donde la propia policía forma parte de un suceso digno de cobertura informativa.

Las manifestaciones como prueba de estrés

Esta tensión se hace especialmente visible en las manifestaciones políticas. Allí, los periodistas se mueven entre manifestantes, contramanifestantes y cordones policiales. Quieren documentar detenciones, bloqueos o enfrentamientos, y para ello a menudo deben acercarse más a los hechos que otros observadores.

Para las fuerzas policiales, esto puede convertirse precisamente en un problema. En situaciones operativas dinámicas, deben tomarse decisiones en poco tiempo, separar a personas o desalojar zonas. No siempre resulta evidente, a primera vista, si una persona está trabajando como periodista o es ella misma participante en una concentración. Para los reporteros, a su vez, resulta decisivo que una medida policial no restrinja de forma desproporcionada su cobertura informativa. Una cámara o un carnet de prensa no hacen inmunes a los periodistas frente a órdenes policiales legítimas. La policía, sin embargo, debe tener en cuenta su función especial.

A esto se suma un segundo peligro: los ataques por parte de los participantes en las manifestaciones.

Las investigaciones actuales en Turingia muestran la magnitud del problema. A finales de agosto continúan las investigaciones sobre las protestas en torno al congreso federal del partido AfD en Erfurt. Según datos de la policía, en el entorno de las protestas se registraron en total unas 180 denuncias penales y 22 infracciones administrativas.
Entre ellas se incluyen también procedimientos por agresiones a periodistas. Tres reporteros del portal «Apollo News» habrían sido agredidos físicamente. Según los datos actuales, se ha identificado a cuatro sospechosos. Además, la policía investiga una agresión a un periodista del medio «Junge Freiheit». En este caso, los investigadores parten ahora de la hipótesis de lesiones corporales peligrosas.

La orientación política de un medio resulta irrelevante para la protección estatal de la actividad periodística. Las autoridades de seguridad deben perseguir las agresiones contra periodistas, independientemente de si un medio se posiciona como conservador, de izquierdas, liberal o de otro modo. Precisamente las manifestaciones polarizadas ponen a prueba este principio. Los periodistas pueden ser percibidos por los participantes como adversarios políticos. Al mismo tiempo, la policía debe evitar dar la impresión de tratar de forma preferente o desfavorable a determinados medios en función de su orientación política.

No todas las agresiones se denuncian

También la cuestión de cómo se registran las agresiones ocupa a las asociaciones de periodistas y a las autoridades de seguridad. En Baviera, la policía registró el año pasado 35 delitos contra medios de comunicación o profesionales de los medios. El ministerio del Interior bávaro parte, sin embargo, de la base de que no todos los incidentes se denuncian. A esto se suman obstrucciones al trabajo periodístico que posiblemente no alcanzan el umbral de un delito.

Por ello, la Asociación Bávara de Periodistas hizo un llamamiento el 26 de agosto para que las agresiones se denuncien sistemáticamente. Según la asociación, algunos periodistas renuncian a presentar una denuncia porque temen que su dirección privada pueda hacerse pública en el curso del procedimiento. La vicepresidenta de la BJV, Andrea Roth, remite por ello a la denominada protección limitada de testigos conforme al artículo 68, apartado 2, del Código Procesal Penal. Bajo determinadas condiciones, puede indicarse una dirección alternativa a efectos de notificación en lugar del domicilio particular.

«Los periodistas deberían, por tanto, denunciar sistemáticamente las agresiones, para que los autores puedan ser perseguidos policialmente», declaró Roth. Esta indicación tiene relevancia más allá de Baviera, ya que el Código Procesal Penal se aplica en todo el país. Así queda claro que la relación entre policía y medios no consiste únicamente en ruedas de prensa e información oficial. Cuando se agrede a un reportero, la policía se convierte a la vez en interlocutor y en autoridad investigadora, sin dejar de ser también objeto de la observación periodística.

La policía como fuente central de noticias

Al margen de las manifestaciones, la cooperación funciona por lo general de forma mucho menos espectacular. Las autoridades policiales se encuentran entre las fuentes diarias más importantes en Alemania, especialmente para las redacciones locales y regionales. Accidentes de tráfico, delitos violentos, casos de personas desaparecidas, búsquedas, incendios o grandes operativos suelen llegar en primer lugar a la opinión pública a través de las oficinas de prensa de la policía. En sucesos extraordinarios, las autoridades habilitan zonas para la prensa, responden a consultas o publican información actualizada de forma continua.

Sin embargo, esto plantea un problema fundamental para los periodistas: la rapidez y fiabilidad de una fuente oficial pueden tentar a asumir su perspectiva sin someterla a examen. Un comunicado policial es una fuente primaria, pero todavía no una información periodística plenamente investigada.

Cuando una autoridad describe el desarrollo de un hecho, transmite en un primer momento el estado actual de sus investigaciones. Este puede cambiar. Los imputados pueden contradecirlo, los testigos pueden haber percibido otras cosas, y las grabaciones de vídeo pueden dar lugar posteriormente a una nueva valoración. Además, mientras no exista una condena firme, rige la presunción de inocencia.

Por ello, una cooperación profesional exige, al mismo tiempo, una distancia profesional. Las redacciones necesitan interlocutores fiables dentro de la policía. Pero deben contextualizar sus datos, investigar de forma independiente cuando sea necesario y dejar claro lingüísticamente de dónde procede una información. Formulaciones como «según la policía» no son, por tanto, una mera formalidad periodística, sino que hacen transparente el origen de una afirmación de hechos.

Cuando las imágenes ponen a prueba la versión policial

La creciente importancia de las grabaciones con smartphone, las retransmisiones en directo y las redes sociales ha cambiado aún más esta relación. Hoy en día, los operativos policiales suelen filmarse desde varias perspectivas. Las imágenes pueden publicarse y difundirse millones de veces en cuestión de minutos. Para las autoridades policiales, esto significa que su versión de un operativo puede compararse directamente con las grabaciones de periodistas, manifestantes o transeúntes. Esto aumenta la presión pública para dar explicaciones.

Al mismo tiempo, las secuencias de vídeo breves solo pueden mostrar fragmentos de un operativo complejo. Un clip puede comenzar justo después de un enfrentamiento previo o terminar antes de una escalada posterior. Por ello, los periodistas deben contextualizar también el material audiovisual aparentemente inequívoco.

De ahí surge un reto comunicativo para la policía: si una autoridad guarda silencio mientras las imágenes ya se difunden en línea, puede consolidarse una interpretación de los hechos antes de que exista información verificada. Si se pronuncia demasiado pronto, existe el riesgo de que un estado de investigación incompleto se presente como un hecho consumado. El trabajo moderno de prensa policial se mueve, por tanto, entre la rapidez y la exactitud.

La protección no puede depender de la postura política

Un proceso judicial en curso en Turingia muestra actualmente lo graves que pueden llegar a ser las agresiones a periodistas. Ante el Tribunal Regional de Mühlhausen se está juzgando de nuevo la agresión sufrida por dos periodistas en la localidad turingia de Fretterode. El caso original data de 2018, pero el nuevo juicio se está celebrando en la actualidad. Los dos periodistas fueron agredidos y sufrieron heridas graves mientras realizaban labores de investigación en el entorno de la extrema derecha. Una sentencia anterior fue anulada en 2024 por el Tribunal Federal de Justicia debido a errores jurídicos. En el procedimiento actualmente en curso se aborda de nuevo el tratamiento penal del caso.

Junto con las investigaciones actuales tras las protestas en Erfurt, este caso deja claro que la seguridad de los periodistas no es una cuestión abstracta de política de medios. Quien documenta conflictos políticos, extremismo o manifestaciones puede convertirse él mismo en objetivo. En este sentido, el Estado tiene una doble responsabilidad. Debe proteger a los periodistas frente a agresiones y perseguir los delitos. Al mismo tiempo, debe aceptar que esos mismos periodistas documenten de forma crítica los operativos policiales y, en su caso, hagan públicas posibles conductas indebidas. Precisamente esta simultaneidad distingue la protección de la prensa de la comunicación institucional ordinaria.

La cooperación requiere distancia

En Alemania no existe, por tanto, contradicción alguna en que policía y medios se comuniquen estrechamente y, al mismo tiempo, mantengan una distancia institucional. Una relación que funciona facilita el trabajo a ambas partes. Contar con interlocutores en las situaciones operativas puede evitar que los reporteros entren por error en zonas acordonadas. Una información temprana puede reducir las especulaciones. Una identificación clara de las personas que trabajan como periodistas puede ayudar a las fuerzas policiales a reconocer más rápidamente su función.

Pero la cooperación no puede significar que los periodistas se conviertan en un canal de comunicación adicional de la policía. Su tarea no consiste en difundir el punto de vista de una autoridad, sino en verificar y contextualizar los hechos con la mayor independencia posible.

A la inversa, la crítica a un operativo policial no es motivo para considerar a los periodistas como adversarios de las autoridades de seguridad. La DJV formula como principio que las fuerzas de seguridad deben apoyar a los medios en la obtención de información incluso en situaciones especialmente difíciles, y deben informarlos de la forma más temprana y completa posible, siempre que ello no ponga en peligro el operativo ni existan otros intereses jurídicos que lo impidan.

Con ello queda descrito también el límite: la libertad de prensa y el interés informativo tienen un peso considerable, pero no son absolutos. La protección de las víctimas, los derechos de la personalidad, las investigaciones en curso o peligros concretos pueden hacer necesarias determinadas restricciones.

Una tarea de alcance nacional

Por ello, la nueva guía de Baviera debe entenderse sobre todo como el motivo actual de un debate que afecta a toda Alemania. La policía es competencia de los estados federados, y las estructuras operativas difieren entre unos y otros. Sin embargo, las cuestiones fundamentales son las mismas en todas partes: ¿cómo se identifican los periodistas en situaciones confusas? ¿Cómo obtienen información? ¿Cómo se les protege frente a agresiones? ¿Cómo evita la policía que medidas de seguridad legítimas restrinjan innecesariamente el trabajo periodístico? ¿Y cómo mantienen las redacciones la distancia necesaria respecto de una autoridad de cuya información dependen a diario?

Los casos actuales de Baviera y Turingia muestran distintas caras de un mismo problema. En Baviera, el ministerio del Interior intenta prevenir conflictos mediante directrices, interlocutores y comunicación. En Turingia, las agresiones a periodistas siguen ocupando a la policía y a la justicia semanas, o incluso años, después de los hechos.
Para una esfera pública democrática, esta relación resulta, por tanto, de especial importancia. La policía posee el monopolio estatal de la fuerza. Los medios tienen la tarea de poder observar y cuestionar públicamente su aplicación.

En estas condiciones, una buena cooperación no significa que policía y periodistas persigan los mismos intereses. Significa que ambas partes pueden cumplir sus respectivas y distintas funciones: las fuerzas policiales deben garantizar la seguridad y perseguir los delitos. Los periodistas deben poder investigar y documentar de forma independiente, y también controlar de manera crítica el trabajo de la policía. Precisamente en las manifestaciones y los conflictos políticos se decide si esta relación funciona. Pues es allí donde la libertad de prensa no se manifiesta en una rueda de prensa, sino en condiciones de operativo real.