La política del SPD Carmen Wegge sobre una posible prohibición del partido AfD

Esta semana, en The Transatlantic Ledger nos ocupamos intensamente de una posible prohibición del partido Alternativa para Alemania (AfD). La política del SPD Carmen Wegge respaldó la reciente moción presentada en el Bundestag alemán. En la entrevista, esta jurista licenciada deja claro por qué el momento actual es precisamente el adecuado para prohibir a la AfD.

Pocos debates de derecho constitucional se llevan a cabo actualmente con tanta intensidad como la cuestión de si debería iniciarse un procedimiento de prohibición contra la AfD. El detonante es, entre otros factores, un extenso dictamen pericial de la Gesellschaft für Freiheitsrechte (Sociedad para los Derechos Civiles, GFF), que llega a la conclusión de que podrían cumplirse los requisitos para una solicitud conforme al artículo 21, apartado 2, de la Ley Fundamental. Al mismo tiempo, las reacciones políticas muestran hasta qué punto difieren las valoraciones.

Mientras que el ministro del Interior de Turingia, Georg Maier (SPD), ha vuelto a abogar en los últimos días por examinar, al menos, un procedimiento de prohibición contra la federación regional de la AfD en Turingia, el líder de la CSU, Markus Söder, advierte contra una prohibición del partido y aboga por combatir a la AfD ante todo por vía política. El presidente del grupo parlamentario de la Unión, Jens Spahn, por su parte, planteó recientemente la posibilidad de retirar el derecho de sufragio pasivo a Björn Höcke, apostando así por medidas específicas contra determinados actores extremistas en lugar de por una prohibición de todo el partido.

En este contexto, The Transatlantic Ledger habló con la diputada del Bundestag Carmen Wegge (SPD), quien lleva mucho tiempo ocupándose de cuestiones relativas a la democracia militante y que ya en la anterior legislatura había respaldado una moción transpartidista para examinar un procedimiento de prohibición de la AfD. En la entrevista, explica por qué considera adecuado el momento actual, qué papel desempeña el Tribunal Constitucional Federal y por qué entiende la protección de la dignidad humana como el núcleo del debate actual. La entrevista se basa en sus respuestas por escrito al cuestionario de The Transatlantic Ledger.

Utilizar los instrumentos de la democracia militante

The Transatlantic Ledger: En su opinión, ¿por qué es precisamente ahora el momento adecuado para iniciar un procedimiento de prohibición contra la AfD?

Carmen Wegge: Desde su fundación, la AfD se ha radicalizado de manera continua, pasando de ser un partido de protesta populista de derechas a convertirse en un partido claramente de extrema derecha, cuyos objetivos y prácticas anticonstitucionales están hoy ampliamente documentados y han sido evaluados tanto judicialmente como por los servicios de inteligencia. Con la clasificación de la AfD por parte de las oficinas de protección de la Constitución de la Federación y de los Länder, y con las resoluciones de los tribunales administrativos que respaldan estas observaciones, la situación ha cambiado notablemente.

Ya no vemos únicamente corrientes extremistas aisladas, sino un partido en su conjunto, cuyo perfil se dirige contra el orden fundamental libre y democrático. A esto se suma el dictamen pericial exhaustivo de la Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), ahora disponible, que, sobre la base de millones de fuentes textuales analizadas, llega a la conclusión de que se cumplen los requisitos jurídicos conforme al artículo 21, apartado 2, de la Ley Fundamental, y de que una solicitud tendría perspectivas de éxito.

«Cuando un partido ataca deliberadamente la garantía de la dignidad humana y el principio democrático, y trabaja de manera metódica para socavar el Estado de derecho democrático desde dentro, en mi opinión no solo es posible, sino imperativo, recurrir a los instrumentos de la democracia militante y hacer que el Tribunal Constitucional Federal examine la constitucionalidad de este partido.»

Qué nuevos desarrollos han transformado el debate?

El elemento central es el dictamen pericial de la GFF, que presenta por primera vez un análisis tan exhaustivo de los objetivos, las estructuras y las actividades de la AfD conforme a estándares científicos y con criterios estrictos propios de la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta además fuentes que hasta ahora no se habían incorporado a las evaluaciones oficiales, o solo de manera insuficiente. El dictamen demuestra de forma muy contundente que la AfD defiende una concepción étnico-cultural del pueblo, que ataca sistemáticamente la dignidad humana de numerosos grupos, y que trabaja de manera metódica para intimidar y perseguir a los opositores políticos, así como para excluirlos del proceso democrático de formación de la voluntad política.

A esto se suma el hecho de que fuerzas de extrema derecha configuran hoy de manera decisiva el partido. Representantes del espectro extremista dominan la ejecutiva federal, las federaciones regionales de Alemania del Este con posiciones völkisch-nacionalistas están sobrerrepresentadas, y una generación que se socializó en la organización juvenil y en la extrema derecha extraparlamentaria ocupa posiciones clave dentro del partido. Al mismo tiempo, la Oficina de Protección de la Constitución ha endurecido progresivamente su valoración de la AfD, y tribunales como el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Renania del Norte-Westfalia ya han confirmado que dicha valoración es jurídicamente sólida.

Qué requisitos constitucionales deben cumplirse, en realidad?

El artículo 21, apartado 2, de la Ley Fundamental establece que los partidos son anticonstitucionales cuando, por sus objetivos o por el comportamiento de sus afiliados, pretenden menoscabar o eliminar el orden fundamental libre y democrático, o poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal ha concretado estos requisitos. No basta con que un partido cuestione determinados valores constitucionales aislados en el marco de su debate político, sino que debe trabajar de manera metódica y dirigida a destruir las condiciones de funcionamiento de la democracia, y deben existir indicios concretos y de peso de que esa actuación pueda, al menos, tener posibilidades de éxito.

Una prohibición de partido presupone además una estricta independencia de las pruebas respecto del Estado, es decir, que las pruebas decisivas no puedan haberse generado mediante una influencia estatal encubierta ejercida en el seno del partido, y el procedimiento debe apoyarse en una base probatoria sólida y exhaustivamente evaluada. Por último, las consecuencias de una prohibición son drásticas. El partido queda disuelto, su patrimonio puede confiscarse en beneficio de fines de utilidad pública y sus escaños quedan extinguidos, razón por la cual los requisitos constitucionales se fijan deliberadamente a un nivel elevado, y solo el Tribunal Constitucional Federal está facultado para decidir sobre una prohibición.

El Tribunal Constitucional Federal desempeña un papel decisivo

Qué papel desempeña en este contexto el Tribunal Constitucional Federal?

El Tribunal Constitucional Federal es la única institución facultada para decidir sobre la anticonstitucionalidad de un partido. Nadie más puede prohibir un partido en Alemania. Se trata de una lección extraída de la República de Weimar y del nacionalsocialismo. Su finalidad es evitar abusos y garantizar que una prohibición de partido nunca sea el resultado de una pugna de poder partidista, sino de un examen independiente basado en el Estado de derecho.

En el procedimiento conforme al artículo 21, apartado 2, de la Ley Fundamental, el Tribunal examina tanto los objetivos y el programa de un partido como el comportamiento efectivo de sus responsables a lo largo de un período prolongado, y evalúa si estas actividades están dirigidas a eliminar el orden fundamental libre y democrático. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional Federal controla si se respeta la estricta independencia de las pruebas respecto del Estado exigida por la ley. En este sentido, el Tribunal Constitucional Federal no es solo el guardián de la Constitución, sino también, en un procedimiento de prohibición de partido, la institución que pone en práctica la democracia militante y que, al mismo tiempo, protege frente a un uso excesivo de este instrumento de prohibición.

Cómo valora los hallazgos obtenidos hasta ahora por las autoridades de protección de la Constitución?

Considero que los hallazgos de las autoridades de protección de la Constitución constituyen un elemento central en la valoración de la AfD, porque se basan en una observación sistemática a largo plazo y han llevado ya a la clasificación según la cual varias federaciones regionales de la AfD son movimientos de extrema derecha confirmados. Ya el simple hecho de que la federación federal de la AfD pasara de ser un «caso a examinar» a un «caso sospechoso», seguido de la vigilancia del partido mediante medios de los servicios de inteligencia, mostró que el partido no atraviesa únicamente corrientes extremistas aisladas, sino un desarrollo global hostil a la Constitución. Las valoraciones de las autoridades de protección de la Constitución confirman lo que llevamos años observando en el Parlamento. No existe una delimitación interna eficaz frente a las fuerzas extremistas; al contrario, estas configuran el partido en toda su amplitud.

Al mismo tiempo, está claro que el trabajo de la Oficina de Protección de la Constitución por sí solo no basta para sustentar una solicitud ante Karlsruhe. Debe integrarse en una base probatoria más amplia, que incluya también dictámenes periciales independientes como el de la GFF, así como análisis científicos. Para mí es importante que tomemos en serio todos estos hallazgos, sin sobrevalorarlos de manera acrítica, y que los pongamos en relación con la sociedad civil, el mundo académico y la experiencia parlamentaria.

«El trabajo de la Oficina de Protección de la Constitución por sí solo no basta. Debe integrarse en una base probatoria más amplia, que incluya también dictámenes periciales independientes como el de la GFF, así como análisis científicos.»

Indicios de ataques sistemáticos contra la dignidad humana y la democracia

Qué importancia tienen las declaraciones de determinados cargos de la AfD para la valoración jurídica?

Determinadas declaraciones y actividades resultan significativas porque muestran cómo se ponen realmente en práctica los objetivos programáticos de la AfD, y si las posiciones anticonstitucionales son solo fenómenos marginales o, por el contrario, elementos estructurales de la cultura del partido. El dictamen pericial de la GFF analiza una ingente cantidad de material (publicaciones en redes sociales, discursos, comunicados de prensa, documentos internos, etc.) y llega a la conclusión de que las declaraciones racistas, denigrantes para la dignidad humana y hostiles a la democracia se producen de manera recurrente y sistemática, precisamente por parte de cargos de alto rango.

Resulta especialmente relevante que actores clave que ocupan puestos de dirección en el partido mantengan contactos con redes terroristas de extrema derecha o estén ellos mismos implicados en estructuras de extrema derecha, y que el partido no sancione a estas personas, sino que, por el contrario, les proporcione escaños y funciones. Desde el punto de vista jurídico, no se trata de escándalos aislados, sino de la cuestión de si estas declaraciones y actividades son la expresión de una línea político-partidista coherente, dirigida a menoscabar o eliminar el orden fundamental democrático. El hecho de que la AfD debata, por ejemplo, «planes de remigración» que equivaldrían a privar de derechos y expulsar a grupos enteros de la población, o que reclame abiertamente el enjuiciamiento penal de opositores políticos, constituye un indicio de peso de que ataca de manera sistemática la garantía de la dignidad humana y el principio democrático.

Algunos críticos advierten de que un procedimiento de prohibición podría incluso fortalecer a la AfD. ¿Cómo responde usted a esta objeción?

Tomo en serio esta preocupación, ya que un procedimiento de prohibición de partido debe, naturalmente, asumirse siempre también desde el punto de vista político, y existe el riesgo de que un partido extremista se presente a sí mismo en el papel de víctima. Al mismo tiempo, estoy convencida de que el riesgo mayor consiste en dejar actuar sin trabas, por miedo a una posible movilización, a un partido que ataca de manera demostrada los pilares fundamentales de nuestra Constitución. La democracia militante fue creada precisamente para aprender de los errores de la República de Weimar, en la que un partido pudo destruir la democracia por medios legales porque no se le impusieron límites claros.

Lo decisivo es que un procedimiento de prohibición se prepare de forma rigurosa conforme al Estado de derecho, se evalúe de manera independiente por parte de expertos y cuente con un amplio respaldo democrático. No se trata aquí de eliminar a un competidor político incómodo, sino de que un tribunal independiente examine a un partido que ataca de manera sistemática la dignidad humana y el Estado de derecho democrático. Al mismo tiempo, sigue siendo tarea nuestra combatir a la AfD en el plano político, refutar sus argumentos en cuanto al fondo y ofrecer a la ciudadanía mejores respuestas a sus inquietudes. Un procedimiento de prohibición no puede ni debe sustituir jamás el enfrentamiento político con el extremismo de derecha.

Puede leer más en la segunda parte de la entrevista.