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Streaming en directo en lugar de un equipo de cámaras, smartphone en lugar de rueda de prensa: en manifestaciones y operativos policiales, cada vez más influencers, streamers y activistas mediáticos políticos informan directamente desde el lugar de los hechos. Para la policía, esto supone un difícil problema de delimitación. ¿Quién es periodista, quién es activista, y tiene esta distinción alguna relevancia para la libertad de prensa?
La cámara ya está grabando antes de que intervenga la policía. Un smartphone transmite las imágenes en directo a YouTube, Instagram, TikTok u otras plataformas. Miles de espectadores pueden seguir en tiempo real el enfrentamiento entre manifestantes y agentes de policía. El hombre o la mujer detrás de la cámara puede no trabajar para ninguna cadena, ningún periódico ni ninguna agencia de noticias. Y aun así, lo que allí ocurre puede constituir información periodística.
Los influencers y streamers están transformando también la relación entre la policía y la opinión pública. Hoy en día, la información sobre un operativo ya no llega al exterior únicamente a través de las oficinas de prensa policiales y las redacciones establecidas. Personas individuales pueden retransmitir en directo los acontecimientos, comentarlos y alcanzar a un gran público en cuestión de minutos.
Para la policía, esto plantea una pregunta cada vez más difícil: ¿quién ejerce realmente una función periodística durante un operativo? Una investigación reciente de la Bayerischer Rundfunk (BR) ha reavivado este debate. La emisora pública informó el 12 de agosto sobre los llamados «activistas mediáticos» en las manifestaciones. Según sus indagaciones, actores de diferentes orientaciones políticas se presentan como representantes de prensa, retransmiten manifestaciones en directo y, en ocasiones, provocan deliberadamente a sus adversarios políticos. Aun así, la policía debe decidir, dentro de una situación operativa concreta, qué derechos posee la persona en cuestión.
El problema va mucho más allá de Baviera. Afecta a una transformación fundamental del panorama mediático alemán.
En Alemania, no es únicamente el hecho de estar empleado en una empresa mediática clásica lo que determina si alguien ejerce una actividad periodística.
La denominación profesional «periodista» no está protegida legalmente. Por ello, la actividad periodística es, en principio, posible también fuera de las redacciones establecidas. Blogueros, reporteros freelance, youtubers o streamers pueden trabajar de forma periodística si investigan, procesan y difunden información para el público. La Ley Fundamental no distingue entre un reportero de una gran cadena de televisión y un informador independiente únicamente en función del tamaño de su redacción o de su alcance. Precisamente de ahí surge una dificultad práctica para las fuerzas policiales.
En una manifestación dinámica, apenas hay tiempo para comprobar modelos de negocio, presencia en internet o estructuras editoriales. Al mismo tiempo, personas con un smartphone pueden considerarse a sí mismas prensa, aunque estén implicadas políticamente en el propio conflicto. El carné de prensa tradicional puede facilitar esta identificación. Sin embargo, no es la única base concebible de la actividad periodística. A la inversa, un carné tampoco convierte automáticamente en periodismo cualquier acción de su titular. Por ello, resulta cada vez más decisivo lo que una persona realmente hace.
Precisamente en las manifestaciones, los límites se difuminan. Las reglas periodísticas clásicas prevén una separación lo más clara posible entre la cobertura informativa y la participación. Un reportero puede valorar una manifestación de forma crítica o favorable. Pero debe observar el suceso, investigarlo y contextualizarlo, no convertirse él mismo en organizador del conflicto político.
En algunos influencers, este modelo funciona de otra manera. Los streamers hablan durante una manifestación con los participantes, comentan lo que ocurre, discuten con adversarios políticos y, al mismo tiempo, reaccionan a los mensajes de su audiencia. De este modo, el reportero se convierte, para los espectadores, en parte del propio acontecimiento. Según la reciente investigación de la Bayerischer Rundfunk, también hay actores que buscan deliberadamente la confrontación. La BR describe a activistas mediáticos de distintos bandos políticos que se presentan como representantes de prensa en las manifestaciones y, al mismo tiempo, provocan a sus adversarios políticos.
Esto coloca a la policía ante un dilema.
No puede supeditar la libertad de prensa a que los agentes consideren seria una posición política o la forma de trabajar de un informador. Al mismo tiempo, debe poder intervenir cuando una persona infringe la ley, pone en peligro a otros o entorpece medidas policiales. La cámara no crea un espacio libre de derecho. Pero tomar partido políticamente tampoco elimina automáticamente los derechos periodísticos.
La diferencia decisiva respecto a la cobertura informativa clásica radica en la velocidad. Un equipo de televisión graba material, una redacción lo revisa, monta las imágenes y publica después una pieza. En el streaming en directo, ese margen temporal desaparece prácticamente por completo.
Lo que ocurre ante la cámara puede ser visto en el mismo segundo por miles de personas. Esto tiene consecuencias para los operativos policiales. Escenas concretas pueden difundirse, comentarse e interpretarse de inmediato desde distintas perspectivas políticas. Una intervención física, una detención o un desalojo pueden desatar ya un amplio debate en línea mientras el operativo sobre el terreno todavía está en curso.
Para la policía, esto supone una pérdida de la soberanía informativa que tenía hasta ahora. Antes, la oficina de prensa de la policía solía ser una de las primeras fuentes que explicaba públicamente lo ocurrido en un operativo. Hoy, la autoridad puede enfrentarse a una situación en la que las imágenes ya han sido vistas millones de veces antes de que se publique un primer comunicado oficial.
Esto aumenta la presión sobre la comunicación institucional. Al mismo tiempo, los directos no son automáticamente un reflejo completo de la realidad. La cámara solo muestra un fragmento. Una retransmisión puede comenzar segundos después del inicio de un conflicto. Es posible que el espectador vea la intervención de un agente, pero no lo que ocurrió inmediatamente antes.
A esto se suma el comentario del propio streamer. A diferencia de una grabación de vídeo pura, este suele ofrecer, al mismo tiempo, una interpretación. De este modo, documentación y valoración se mezclan en tiempo real.
Paralelamente, la propia policía está cambiando. Las autoridades policiales tampoco se comunican ya exclusivamente a través de comunicados de prensa clásicos. Las comisarías gestionan cuentas en Instagram, Facebook, X y otras plataformas. Publican vídeos, avisos, información sobre búsquedas y muestran aspectos de su trabajo.
De este modo, la policía compite en parte por la atención del público en las mismas plataformas que periodistas e influencers. Lo importante que se han vuelto las redes sociales para las autoridades lo demuestra, por ejemplo, una campaña de la Dirección de Policía de Lüneburg. Bajo el lema «Checken statt teilen» («Comprobar en lugar de compartir»), utiliza Instagram para sensibilizar a la ciudadanía sobre la desinformación y el manejo de las fuentes. Según la policía, a lo largo de varias semanas se publicarán 18 contenidos en distintos formatos.
La autoridad justifica la campaña argumentando que la desinformación puede generar inseguridad entre las personas y debilitar la confianza en la democracia. Con ello, la policía asume cada vez más tareas propias de comunicación pública directa. Los ciudadanos ya no necesitan esperar a que un periódico o una emisora de radio difundan un comunicado policial. Pueden seguir directamente a la autoridad. Para el periodismo, esto tiene una consecuencia importante: el papel clásico de intermediario entre las autoridades y la opinión pública se debilita. Policía, influencers y medios tradicionales alcanzan cada vez más al público de forma paralela.
Con ello se desplaza también la cuestión de la confianza. En un medio informativo clásico, las responsabilidades son comparativamente claras. Existen redacciones, estándares periodísticos y responsables jurídicos ante la prensa. Los errores pueden corregirse, y los afectados pueden dirigirse a la redacción.
El mundo de los influencers es más heterogéneo. Algunos streamers independientes investigan de forma profesional y transparente. Otros entienden su trabajo explícitamente como activismo político. Otros más combinan la cobertura informativa con entretenimiento, comentarios personales e intereses económicos.
El alcance dice, en este sentido, poco sobre la calidad periodística. Un streamer con cientos de miles de seguidores puede alcanzar a un gran público más rápido que un periódico regional. Pero eso no convierte automáticamente su versión de los hechos en más fiable. A la inversa, tampoco sería correcto restar valor a una información únicamente por proceder de un creador de contenidos independiente.
Para la policía, en cualquier caso, la cuestión de la credibilidad no puede ser el criterio decisivo. Una autoridad no puede determinar qué cobertura política o periodística se considera de calidad. Debe decidir, más bien, con base en criterios legales y fácticos, cómo actuar con una persona en una situación concreta. Esto resulta especialmente difícil cuando activismo y cobertura informativa se entremezclan.
Lo estrechamente que compiten ya entre sí influencers, actos políticos y medios clásicos también quedó de manifiesto esta semana en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
En un acto político celebrado en Güstrow, los influencers agrarios Anthony-Robert Lee y Christian Beißner intervinieron el miércoles por la noche junto al periodista Peter Hahne. Según la policía, acudieron entre 2.000 y 3.000 personas. Según información de la NDR, el acto giró, entre otras cosas, en torno a críticas a la política actual, a los medios y a organizaciones no gubernamentales. Al mismo tiempo, el organizador privado controló estrictamente qué representantes de los medios podían acceder al recinto e informar desde allí.
El episodio revela otro cambio: los influencers hace tiempo que dejaron de ser meros observadores de acontecimientos políticos. Pueden llegar a marcar ellos mismos actos políticos, movilizar a su propia audiencia y, al mismo tiempo, convertir a los medios clásicos en objeto de sus críticas. Con ello surge un sistema informativo paralelo. El influencer no necesita una redacción para generar visibilidad pública. Sus seguidores conforman su audiencia, la plataforma se encarga de la difusión técnica, y el streaming en directo sustituye en parte a la pieza informativa clásica.
La situación se complica aún más cuando influencers o streamers no se limitan a documentar, sino que se convierten ellos mismos en objeto de medidas policiales.
Según una información del Tagesspiegel, el 21 de agosto se detuvo, en una manifestación en Berlín-Mitte, al menos a dos presuntos streamers de extrema derecha. La policía habría impedido así un posible intento de perturbación en un acto de protesta. La manifestación reivindicaba espacios seguros para personas negras. Situaciones de este tipo muestran por qué una simple clasificación en «prensa» y «no prensa» resulta cada vez más limitada.
Una persona puede producir contenidos para un público y, al mismo tiempo, ser ella misma un actor político. Para la policía, en ese caso, lo decisivo no es el número de seguidores, sino la conducta concreta. Un periodista también puede cometer un delito. Del mismo modo, un reportero independiente tampoco pierde automáticamente todos sus derechos periodísticos solo porque su cobertura esté claramente posicionada políticamente. Por ello, la línea decisiva no discurre entre medio establecido e influencer. Discurre entre la observación periodística y la actuación propia.
Para las autoridades policiales alemanas, esta delimitación será, en el futuro, más difícil, no más fácil. Hoy en día, técnicamente, ya no hace falta un equipo de cámaras, una furgoneta de retransmisión ni una gran redacción para informar en directo sobre un operativo policial. Basta con un smartphone y una conexión a internet estable. Con ello se democratiza el acceso a la esfera pública. Los acontecimientos pueden documentarse desde perspectivas que quizá los medios clásicos no captan. La actuación policial se vuelve más visible y más fácil de someter a control. Sin embargo, esta misma evolución genera nuevos riesgos.
Pueden difundirse afirmaciones sin verificar mientras un operativo aún está en curso. Fragmentos breves pueden volverse virales sin contexto. Los streamers pueden exacerbar deliberadamente los conflictos, porque las imágenes espectaculares generan alcance. Los espectadores experimentan la situación, al mismo tiempo, a través de la perspectiva política y personal de quien sostiene la cámara. La policía no puede resolver esta evolución aceptando únicamente a los medios establecidos como observadores legítimos. El panorama mediático se ha vuelto, desde hace tiempo, demasiado diverso para ello. Pero tampoco puede tratar automáticamente como periodista a cualquier persona con un smartphone.
El reto consiste, por tanto, en no vincular la libertad de prensa a la notoriedad, al alcance o a la pertenencia a una empresa mediática tradicional, y, al mismo tiempo, en distinguir entre documentación y participación activa en un conflicto.
Precisamente en ese límite, la economía de los influencers está transformando la cobertura informativa sobre el trabajo policial. El reportero tras el cordón policial puede ser hoy un equipo de televisión, un periodista freelance o un único streamer con varias decenas de miles de espectadores. Para el público, los tres pueden ofrecer las mismas imágenes.
Para la policía, la pregunta decisiva sigue siendo otra: ¿está la persona observando el operativo, o forma ella misma parte de él?