Alemania tras Sajonia-Anhalt: ¿cuánta AfD puede soportar una democracia?

MAGDEBURGO/WASHINGTON — Alemania ha votado, y el resultado en Sajonia-Anhalt trasciende con creces las fronteras de un estado federado de poco más de dos millones de habitantes. En las elecciones regionales del 6 de septiembre, Alternativa para Alemania se convirtió, con gran diferencia, en la fuerza más votada, con un 43,8 %. La CDU obtuvo apenas un 17,2 %. La AfD logró 39 de los 83 escaños, quedándose así por debajo de la mayoría absoluta.

Es un resultado de dimensión histórica. La AfD prácticamente duplicó su porcentaje de voto respecto a 2021 y logró su mejor resultado hasta la fecha en unas elecciones regionales. Ulrich Siegmund declaró tras la votación que su partido había «escrito historia». De hecho, Sajonia-Anhalt podría convertirse ahora en un banco de pruebas político para toda la República Federal: ¿qué ocurre cuando un partido que durante años vivió principalmente de la protesta, la oposición y la crítica fundamental a las estructuras políticas establecidas se acerca de repente a una responsabilidad de gobierno real?

Una comparación con Estados Unidos deja clara, en primer lugar, una diferencia fundamental. El sistema político y constitucional estadounidense no es el alemán. La Primera Enmienda protege el discurso político y la libertad de prensa de forma extraordinariamente amplia. Alemania, por su parte, desarrolló, debido a su historia, el concepto de una «democracia militante» (wehrhafte Demokratie). La República Federal no entiende la democracia únicamente como el gobierno de una mayoría, sino como un orden en el que incluso las mayorías siguen estando vinculadas a la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y el Estado de derecho.

Esta diferencia resulta decisiva para entender por qué el ascenso de la AfD en Alemania desata un debate distinto al que provoca el éxito de los movimientos populistas en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, sería demasiado simplista considerar sin más al 43,8 % de los votantes de Sajonia-Anhalt como extremistas. Una democracia no puede desentenderse de sus ciudadanos porque su decisión electoral alarme a amplios sectores de la opinión pública política. El resultado también revela una considerable pérdida de confianza en las ofertas políticas existentes hasta ahora. La incertidumbre económica, la migración, los altos costes, la burocracia y la percepción de muchos ciudadanos de que la política ya no atiende suficientemente sus problemas cotidianos han creado un espacio político que la AfD ha logrado ocupar con éxito. La respuesta de los demás partidos no puede consistir, por tanto, únicamente en excluir moralmente a estas personas. Deben intentar recuperarlas políticamente.

Cuando la protesta se convierte en poder político

Ulrich Siegmund ve el resultado electoral como un mandato para transformar profundamente Sajonia-Anhalt. Su anunciado programa de 100 días abarca desde la política migratoria hasta la administración pública, pasando por la radiodifusión pública. Entre las medidas previstas figuran deportaciones de personas sin derecho de residencia, programas de trabajo obligatorio para solicitantes de asilo, cambios en el ámbito escolar y una reordenación de la política de medios.

Precisamente este último punto merece especial atención. La AfD lleva años atacando duramente a la radiodifusión pública. Siegmund quiere abandonar los correspondientes acuerdos entre los estados federados y suprimir el actual canon de radiodifusión. En un discurso ante el parlamento regional, habló de una «tasa obligatoria de radiodifusión» y declaró: «Esa tasa obligatoria en este país tiene que desaparecer.»

La crítica a ARD, ZDF o el MDR es, por supuesto, legítima en una democracia. En comparación con Estados Unidos, sin embargo, llama la atención lo distinto que es el modo en que se organizan los sistemas mediáticos. Estados Unidos no dispone de un sistema directamente comparable a ARD y ZDF, es decir, una radiodifusión pública nacional financiada mediante un canon obligatorio por hogar. PBS y NPR funcionan de forma estructuralmente distinta; el mercado informativo estadounidense está organizado de manera considerablemente más privada y, al mismo tiempo, es más polarizado políticamente.

Precisamente por eso merece la pena la comparación transatlántica.

Tras las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, se difundieron en Fox News afirmaciones falsas sobre Dominion Voting Systems. Dominion demandó por difamación. Poco antes de que comenzara el juicio, las partes acordaron en abril de 2023 un acuerdo extrajudicial por 787,5 millones de dólares.

Fox News no fue, por tanto, condenada a pagar una multa de 787,5 millones de dólares. Se trató de un acuerdo de derecho civil. Pero precisamente esta precisión jurídica hace que el caso resulte interesante. Incluso bajo la protección extraordinariamente amplia de la Primera Enmienda, la libertad de prensa en Estados Unidos no significa que las afirmaciones de hecho demostrablemente falsas queden, por principio, exentas de consecuencias legales.

Al mismo tiempo, el caso muestra la otra cara del principio: un gobierno no puede simplemente silenciar a una cadena de televisión solo porque considere su cobertura injusta, hostil o políticamente sesgada.

Precisamente aquí la comparación nos lleva de vuelta a Sajonia-Anhalt. Un gobierno elegido democráticamente puede, por supuesto, debatir sobre la financiación y la estructura de la radiodifusión pública. La pregunta decisiva es, sin embargo, si un gobierno quiere crear una radiodifusión mejor y más eficiente, o una radiodifusión que le contradiga menos. Esta pregunta debería planteársele a cualquier gobierno alemán, con independencia del partido que lo lidere. Al fin y al cabo, la libertad de los medios no demuestra su valor cuando los periodistas elogian a un gobierno. Lo demuestra precisamente cuando pueden criticarlo sin necesitar su aprobación.

Una palabra se convierte en programa político: ¿qué significa «remigración»?

El debate se vuelve aún más de fondo en torno a un término que desempeña un papel importante en el ascenso político de la AfD: la remigración.

Quien siga el debate alemán desde fuera podría suponer inicialmente que la palabra fue inventada por la AfD o por la derecha política. No es así. «Remigración» es originalmente un término procedente de la investigación sobre migración y exilio. Designa el regreso de migrantes a su país de origen o al punto de partida de su migración. En este sentido, puede referirse expresamente a un retorno voluntario. En contextos académicos, el término también se ha empleado, por ejemplo, para el regreso de emigrantes tras el fin del nacionalsocialismo.

Su carga política actual surgió cuando actores de la Nueva Derecha y de la extrema derecha se apropiaron de la palabra y le dieron un significado político. En particular, en el entorno del Movimiento Identitario, «remigración» se convirtió en un concepto clave.

Entre los defensores más destacados de un concepto amplio de remigración se encuentra el activista de derechas austriaco Martin Sellner, una de las figuras más conocidas del Movimiento Identitario en el ámbito germanohablante. Sellner defiende un concepto de remigración que, en el debate político, se discute mucho más allá de la clásica cuestión de cómo tratar a las personas sin derecho de residencia.

Así, de un término originalmente descriptivo surgió una consigna política. ¿Por qué utiliza la derecha política precisamente esta palabra? Una de las razones probablemente resida en su efecto lingüístico. «Remigración» suena técnica, administrativa y casi científica. Términos como deportación o expulsión, en cambio, generan de inmediato otras asociaciones. Precisamente esta aparente neutralidad explica parte del efecto político de la palabra.

La disputa sobre este tipo de términos no es en absoluto exclusivamente alemana. También en Estados Unidos un debate político cambia considerablemente según se hable de «illegal aliens» (extranjeros ilegales), «undocumented immigrants» (inmigrantes indocumentados), «mass deportation» (deportación masiva) o «border security» (seguridad fronteriza). El lenguaje elegido influye en cómo se percibe un problema social, incluso antes de que se decida sobre leyes concretas.

Potsdam: cuando la «remigración» se convirtió en un debate nacional

Para la situación actual en Sajonia-Anhalt, la historia del término nos remite a un acontecimiento que ocupó a Alemania durante meses a principios de 2024.

El 25 de noviembre de 2023 tuvo lugar en Potsdam un encuentro privado que más tarde se hizo ampliamente conocido en todo el país gracias a una investigación del medio de investigación Correctiv. Martin Sellner pronunció en ese encuentro una charla en la que expuso sus ideas sobre cómo tratar a los extranjeros y a las personas con antecedentes migratorios. El hecho de que el encuentro tuviera lugar y que Sellner pronunciara allí dicha charla también queda recogido, como trasfondo de la disputa judicial sobre la cobertura informativa, en un comunicado posterior del Tribunal Regional de Berlín II.

Desde el punto de vista periodístico, es importante hacer una distinción: el encuentro no fue un acto oficial de la AfD, ni un congreso del partido, ni un órgano en el que se decidiera un programa oficial del partido. No obstante, varias personas de la AfD estuvieron presentes.

Entre los participantes identificados públicamente se encontraba Ulrich Siegmund, entonces presidente del grupo parlamentario de la AfD en el parlamento regional de Sajonia-Anhalt. También estuvieron presentes la diputada federal de la AfD Gerrit Huy, el exdiputado federal de la AfD Roland Hartwig, que en aquel momento trabajaba como asesor personal de la líder del partido Alice Weidel, así como Tim Krause, entonces portavoz de prensa del grupo parlamentario de la AfD en el parlamento regional de Brandeburgo y vicepresidente de una agrupación local de la AfD.

Así, aquel día de noviembre en Potsdam se encontraba en la sala también aquel Ulrich Siegmund que, apenas tres años después, llevaría a la AfD en Sajonia-Anhalt al 43,8 % de los votos. Esta conexión temporal vuelve a hacer relevante Potsdam en el otoño de 2026.

Siegmund no ha negado su participación. Al mismo tiempo, ha rechazado las acusaciones de que quiera expulsar a personas de Alemania de forma ilegal. Esta postura también forma parte de una presentación completa de los hechos. Su participación en el encuentro, por sí sola, no demuestra que comparta las ideas de Sellner. Equiparar el concepto de Sellner con el programa político de Siegmund no estaría periodísticamente justificado. Pero la participación plantea preguntas, precisamente ahora, cuando Siegmund reclama poder político real tras su victoria electoral.

¿Qué significa la remigración para él en términos concretos? ¿Quién debe abandonar Alemania? ¿Únicamente las personas sin derecho de residencia? ¿Delincuentes extranjeros? ¿Personas con un estatus de residencia legal? ¿Y dónde está el límite entre una política migratoria dura y una política que trata a las personas de forma distinta en función de su origen?

Potsdam se convirtió, por tanto, en algo más que la historia de un encuentro privado. El encuentro situó en el centro la cuestión de qué ideas procedentes del entorno de la derecha extraparlamentaria podrían encontrar cabida en los debates políticos de partido. Al mismo tiempo, forma parte de la historia de Potsdam una evolución judicial que, en un análisis serio, no puede omitirse.

En marzo de 2026, el Tribunal Regional de Berlín II prohibió a Correctiv realizar determinadas afirmaciones en relación con la diputada federal de la AfD Gerrit Huy. Entre otras cosas, tras esta resolución Correctiv ya no podía seguir afirmando que Huy había propuesto «retirar» la nacionalidad alemana a las personas con doble nacionalidad. La sentencia también afectaba a determinadas representaciones de un supuesto «plan maestro» para expulsar a ciudadanos alemanes. En el momento del comunicado judicial, la resolución aún no era firme; posteriormente, Correctiv presentó recurso de apelación.

Sin embargo, el tribunal no puso en duda que el encuentro del 25 de noviembre de 2023 tuviera lugar ni que Martin Sellner pronunciara allí una charla. El comunicado oficial de prensa del tribunal deja constancia expresa de que Sellner expuso sus ideas sobre cómo tratar a los extranjeros y a las personas con antecedentes migratorios. Esta distinción resulta decisiva.

Potsdam no debe ni dramatizarse ni trivializarse. No fue un congreso de la AfD en el que se decidiera un programa estatal oficial. Pero sí fue un encuentro en el que el activista de derechas Martin Sellner presentó sus ideas y en el que estuvieron presentes varios políticos de la AfD, entre ellos Ulrich Siegmund.

Lo que en 2023 aún era un debate en un encuentro privado debe medirse, por tanto, en 2026, con los criterios de una posible política de gobierno.

¿Qué entiende la propia AfD por remigración?

Precisamente por ello hay que distinguir entre las ideas de Sellner y la posición oficial de la AfD. La AfD define oficialmente el término de forma más restringida. En un documento de posición de la dirección federal se afirma que la remigración comprende medidas e incentivos para un «retorno conforme al Estado de derecho y a la legalidad de los extranjeros con obligación de salida a su país de origen». El partido declara, al mismo tiempo, que no distingue entre ciudadanos alemanes con y sin antecedentes migratorios. Esto forma parte de una presentación justa del partido.

Al mismo tiempo, existen en el entorno político a la derecha del centro ideas diferentes y, en parte, más radicales sobre lo que debe entenderse por remigración. Precisamente de ahí surge la controversia. Quien dice «remigración» puede referirse a la deportación de un solicitante de asilo rechazado que, tras la conclusión de su procedimiento, carece de derecho de residencia. Otros emplean la palabra para una política de retorno migratorio mucho más amplia.

Para un Estado de derecho, estas diferencias son enormes. Un solicitante de asilo rechazado sin derecho de residencia, un ciudadano extranjero que trabaja legalmente en Alemania y un ciudadano alemán con padres sirios, turcos, polacos o africanos son, jurídicamente, casos completamente distintos.

Un ciudadano alemán sigue siendo alemán.

La Ley Fundamental no reconoce alemanes de primera y de segunda clase.

Si un eslogan de campaña electoral debe convertirse en política de gobierno, una consigna ya no basta. Entonces debe aclararse de forma concreta a quién se refiere, sobre qué base jurídica se va a actuar y dónde están los límites del poder estatal.

Y entonces entra en juego Austria

Precisamente en este punto, el vecino del sur de Alemania ofrece una perspectiva notable. La AfD no se ocupa solo de la cuestión de quién debe abandonar Alemania. En su entorno político se debate al mismo tiempo cómo recuperar para su patria a los alemanes que han emigrado. Ante la escasez de mano de obra cualificada, la idea de animar a médicos, ingenieros, empresarios u otros ciudadanos cualificados a regresar no resulta, en principio, en absoluto inusual.

Pero las estadísticas criminales austriacas complican el debate.

En 2024, la policía austriaca registró 335.911 sospechosos de delitos. De ellos, 157.058 eran ciudadanos extranjeros. Entre los sospechosos extranjeros, los ciudadanos rumanos formaban el grupo más numeroso, con 18.925 personas. En segundo lugar se situaban los ciudadanos alemanes, con 13.631 sospechosos, por delante de sirios, serbios y turcos.

También en 2025, los ciudadanos alemanes volvieron a figurar entre los tres grupos numéricamente más grandes de sospechosos extranjeros en Austria.

Con ello puede plantearse una pregunta deliberadamente provocadora: si, por un lado, se pretende recuperar para Alemania a los alemanes emigrados y, por otro, se pretende «remigrar» a los delincuentes, ¿en qué dirección se «remigraría» entonces a un delincuente alemán en Austria? ¿Debería Alemania traerlo de vuelta para que trabaje aquí?

La pregunta es deliberadamente provocadora. No afirma en absoluto que la AfD persiga tal propósito. Más bien pone al descubierto un problema fundamental que surge en cuanto la nacionalidad se convierte en el criterio central de un debate sobre criminalidad y migración.

Pues las cifras austriacas, evidentemente, no demuestran que los alemanes sean especialmente propensos a la delincuencia. Ya la propia categoría estadística resulta decisiva: se trata de sospechosos de delitos, no automáticamente de delincuentes condenados con sentencia firme. El tamaño de la población, el turismo, el tráfico fronterizo, los desplazamientos de trabajadores transfronterizos, la estructura de edad y la duración de la estancia pueden influir adicionalmente en estas cifras.

De 13.631 sospechosos alemanes no puede concluirse, por tanto, que los alemanes representen un riesgo para la seguridad. Y precisamente ahí radica la verdadera lección. Una nacionalidad no comete un delito. Una persona comete un delito. Un Estado de derecho debe perseguir, acusar y —si se demuestra su culpabilidad— castigar a esa persona. Pero la nacionalidad no debería sustituir a la culpa individual.

Lo que vale para los alemanes en Austria debe valer, en principio, también para sirios, afganos, turcos o rumanos en Alemania. Esto no significa en absoluto minimizar la delincuencia. Los delincuentes violentos deben ser perseguidos con firmeza, y los delincuentes extranjeros pueden, si se cumplen los requisitos legales, perder su derecho de residencia y ser expulsados. Pero entre una persecución penal coherente y una sospecha generalizada contra un grupo definido por su origen existe una frontera decisiva para el Estado de derecho.

Washington y Berlín: dos concepciones de la democracia

El debate sobre la AfD se ha convertido desde hace tiempo en un debate transatlántico. Destacados políticos estadounidenses han criticado con una dureza inusual el modo en que Alemania aborda al partido.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, declaró en 2025 en la Conferencia de Seguridad de Múnich: «No hay lugar para los muros cortafuegos.» Su argumentación iba más allá de una simple valoración de la AfD. La democracia, según su mensaje, se basa en que la voz del pueblo cuente y en que los liderazgos políticos no deban temer a sus propios votantes. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó a calificar posteriormente la actuación de las autoridades de seguridad alemanas contra la AfD como «tiranía disfrazada».

En el sistema político estadounidense no existe, en efecto, un instrumento directamente comparable a un «muro cortafuegos» partidista. El sistema bipartidista estadounidense funciona de forma fundamentalmente distinta al sistema multipartidista alemán.

Alemania, por su parte, argumenta a partir de una experiencia histórica que Estados Unidos no posee de esta forma. La República Federal surgió tras el colapso de una democracia cuyas instituciones fueron primero utilizadas y después destruidas por los nacionalsocialistas. De ahí se desarrolló la idea de que una democracia no debe esperar a defenderse hasta que su abolición ya haya comenzado. Las concepciones estadounidense y alemana de la democracia chocan, por tanto, en un punto delicado.

La objeción de Vance de que una democracia no puede ignorar a sus votantes toca un desafío real. El 43,8 % de los ciudadanos de Sajonia-Anhalt no puede simplemente declararse políticamente irrelevante. Pero la contraposición alemana también toca un principio fundamental: una mayoría electoral, por sí sola, no autoriza a un gobierno a modificar a su antojo los derechos fundamentales, los tribunales independientes o los medios de comunicación libres.

La democracia es el gobierno de la mayoría, pero no un gobierno sin límites.

Alemania no es Estados Unidos

Quizás esa sea la conclusión más importante de este momento político. El sistema estadounidense difiere fundamentalmente del alemán. La Primera Enmienda otorga al discurso político una protección extraordinaria. Alemania, por su parte, posee instrumentos constitucionales de una democracia militante que no existen de esta forma en el sistema constitucional estadounidense. En Alemania, una mayoría puede cambiar muchas cosas. Pero no puede cambiarlo todo.

Un ministro-presidente en Magdeburgo no puede dejar sin efecto la Ley Fundamental. No puede suprimir el Tribunal Constitucional Federal. Y no puede decidir que un ciudadano alemán sea menos alemán porque sus padres o abuelos provengan de Ankara, Damasco, Varsovia, Roma o Accra. La verdadera prueba de la AfD, por tanto, quizás no haga más que comenzar ahora.

Un partido de protesta puede prometer muchas cosas. Un partido que reclama responsabilidad de gobierno, en cambio, debe demostrar cómo trata a las instituciones que le contradicen. ¿Cómo trata a los periodistas críticos? ¿Cómo respeta a los tribunales independientes? ¿Qué ocurre con la radiodifusión pública? ¿Cómo se define la «remigración» en cuanto un eslogan político debe convertirse en práctica administrativa concreta? Sajonia-Anhalt podría convertirse así en un laboratorio político para toda Alemania.

Los demás partidos necesitan algo más que miedo a la AfD

Sería, sin embargo, un error que la CDU, el SPD, Los Verdes, La Izquierda y las fuerzas liberales respondieran a este resultado electoral únicamente con advertencias. El miedo no es, a la larga, un programa de gobierno. Señalar los posibles peligros de un partido no crea puestos de trabajo, no reduce los precios de la energía, no agiliza los procedimientos de autorización y no le da todavía a un joven en Magdeburgo, Halle o Dessau ningún motivo para ver su futuro profesional en Sajonia-Anhalt.

En comparación internacional, llama la atención cuánto ha cambiado el ambiente político en Alemania. En un país que durante décadas fue, como pocos otros, sinónimo de estabilidad económica, fortaleza industrial y previsibilidad política, el debate público está ahora fuertemente marcado por el miedo al declive. La migración y la burocracia, el débil crecimiento y los altos costes dominan la discusión política interna, mientras la guerra de Rusia contra Ucrania, el ascenso económico y geopolítico de China y una relación transatlántica cada vez más difícil generan una presión adicional. Desde fuera surge así, en ocasiones, la imagen de un país que habla más extensamente de sus crisis que de sus posibilidades. Esto resulta especialmente sorprendente en el caso de Alemania.

La República Federal sigue siendo la mayor economía de Europa. Cuenta con una base industrial extraordinaria, una clase media empresarial (Mittelstand) sólida, empresas de éxito internacional, universidades e instituciones de investigación. Se encuentra en el corazón de un mercado interior europeo con cientos de millones de consumidores y posee un peso político que trasciende con creces sus fronteras. La pregunta decisiva tras Sajonia-Anhalt no es, por tanto, solo por qué la AfD pudo hacerse tan fuerte. Es también por qué a los demás partidos les resulta cada vez más difícil desarrollar, a partir de estas fortalezas, una idea convincente del futuro de Alemania.

La CDU, el SPD, Los Verdes, La Izquierda y las fuerzas liberales difícilmente debilitarán a la AfD de forma duradera limitándose a advertir contra ella. Deben volver a mirar hacia adelante y explicar qué Alemania quieren construir dentro de diez o veinte años: competitiva económicamente, moderna tecnológicamente, socialmente estable, segura y firmemente anclada en Europa. Esto no significa maquillar los problemas. Una democracia no gana confianza a través de un optimismo impuesto. La gana resolviendo problemas y, al mismo tiempo, dejando claro que un país es algo más que la suma de sus crisis.

El patriotismo no pertenece a un solo partido

Alemania, precisamente, tendría motivos de sobra para esa confianza en sí misma. Tras 1945, construyó a partir de los escombros de una dictadura una democracia estable, superó la división del país y convirtió a antiguos enemigos de guerra en socios dentro de un orden europeo. En comparación internacional, esta se cuenta entre las historias de éxito político más notables de la posguerra.

Resulta tanto más llamativo que los partidos democráticos alemanes den a veces la impresión de preferir dejar en manos de la AfD conceptos como patria, nación o patriotismo. Una mirada a Estados Unidos revela una tradición política distinta. Demócratas y republicanos discuten con dureza sobre cuál es el camino correcto para su país. Sin embargo, ninguna de las dos grandes fuerzas políticas aceptaría que solo el adversario de turno pudiera reivindicar para sí la bandera estadounidense. ¿Por qué habría de ser diferente en Alemania? La bandera alemana no pertenece a la AfD. La patria no pertenece a la AfD. Y el orgullo por los logros de la República Federal democrática no es propiedad política de un único partido.

Se puede estar orgulloso de Alemania y seguir siendo un europeo convencido. Se puede exigir una migración controlada y, al mismo tiempo, considerar a los alemanes con historia migratoria como una parte natural del país. Se puede criticar a ARD y ZDF y, aun así, defender su independencia frente a la injerencia estatal. Se puede rechazar a un gobierno federal sin rechazar el Estado democrático. Quizás en esto resida una de las tareas más importantes de los demás partidos tras Sajonia-Anhalt: deben volver a transmitir a la ciudadanía una idea positiva de lo que Alemania puede llegar a ser.

La fortaleza de una democracia se muestra bajo presión

Sajonia-Anhalt ha enviado a Alemania un mensaje inequívoco. La AfD ha alcanzado el 43,8 %. Este resultado no puede minimizarse ni responderse únicamente con un muro cortafuegos. Pero la historia de la República Federal no termina en una noche electoral en Magdeburgo.

La comparación con Estados Unidos no ofrece aquí una respuesta ya elaborada. Los sistemas políticos y las experiencias históricas son demasiado distintos. Pero ambos países conocen los peligros de una polarización política extrema. Estados Unidos ha vivido lo que ocurre cuando los ciudadanos confían cada vez más solo en aquellos medios que confirman su propia visión política del mundo, y cuando los adversarios políticos acaban siendo vistos no ya como rivales, sino como enemigos.

El caso Fox-Dominion recuerda que incluso la extraordinariamente amplia libertad de prensa estadounidense conoce la responsabilidad. Las estadísticas criminales austriacas muestran con qué cautela deben interpretarse las cifras relativas a nacionalidades. El debate sobre la «remigración», por su parte, muestra qué poder político puede desarrollar una sola palabra cuando su significado se transforma entre la ciencia, un movimiento político y la política de partidos.

Potsdam muestra, además, por qué el periodismo debe observar con atención cuando ideas procedentes de un entorno político marginal se encuentran con personas que más tarde reclaman poder estatal. La participación de políticos de la AfD en un encuentro privado no convierte automáticamente las ideas de Sellner en política de la AfD. Pero sí justifica preguntas sobre cuáles de esas ideas se comparten, se rechazan o se trasladan políticamente, de forma modificada.

Y el conflicto entre Washington y Berlín sobre cómo tratar a la AfD muestra algo más: incluso dos aliados occidentales estrechamente vinculados pueden tener concepciones muy distintas sobre cómo debe defender una democracia su propia libertad. Una democracia fuerte no demuestra su fortaleza ignorando a los votantes incómodos. Pero tampoco la demuestra asumiendo exigencias radicales solo para recuperar a esos votantes.

La demuestra escuchando, resolviendo problemas, protegiendo a los medios libres, respetando a los tribunales independientes y tratando a cada ciudadano por igual ante la ley, con independencia de su origen o convicción política. Alemania construyó una democracia tras una dictadura. Reconstruyó un país destruido, superó décadas de división y, junto a sus vecinos, creó una Unión Europea a partir de un continente marcado por las guerras.

Un país con esta historia tiene todos los motivos para tomarse en serio sus problemas. Pero tiene, en igual medida, todos los motivos para confiar en su propio futuro. La respuesta decisiva al ascenso de la AfD podría residir, por tanto, menos en la pregunta de cuánto miedo debería tener Alemania a este partido. Quizás resida en otra pregunta:

¿Qué Alemania quieren ofrecer las fuerzas democráticas a sus ciudadanos para los próximos veinte años?

Si la CDU, el SPD, Los Verdes, La Izquierda y las fuerzas liberales encuentran respuestas convincentes a esta pregunta, no tendrán que limitarse a defender el centro democrático de Alemania. Podrán renovarlo. La AfD ha ganado las elecciones en Sajonia-Anhalt. Pero con ello no ha ganado el derecho a definir Alemania en solitario.

Alemania es más grande que un partido, más grande que un resultado electoral y más grande que el miedo a su propio futuro. Y quizás precisamente ahí resida el desafío decisivo tras Sajonia-Anhalt: una democracia debe ser capaz de soportar la crítica, permitir cambios políticos y respetar los resultados electorales, y, al mismo tiempo, preservar aquellos límites propios del Estado de derecho que garantizan que la democracia siga siendo democracia también después de las próximas elecciones.